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PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA CPI

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Al pueblo de Venezuela y a la comunidad internacional.

La Junta Directiva y demás magistrados que integran este cuerpo colegiado:

CONSIDERANDO

Que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en ejercicio de sus funciones, informó a los ciudadanos venezolanos Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, quienes de manera ilegítima ejercen la titularidad de la Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela y la Defensoría del Pueblo, el resultados de las evaluaciones necesarias del primer examen preliminar relativo los presuntos delitos cometidos desde abril de 2017 en el contexto de manifestaciones y disturbios políticos ocurridos en Venezuela.

CONSIDERANDO

Que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional “en particular ha argumentado que fuerzas de seguridad del estado, con frecuencia utilizaron fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, y que han detenido y encarcelado a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltratos durante su detención…”

CONSIDERANDO

Que para la Fiscalía de la Corte Penal Internacional existe una base razonable para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional.

CONSIDERANDO

Que es del conocimiento de la colectividad nacional e internacional que el Estado venezolano, ha realizado hechos atentatorios contra el Estado de Derecho y del sistema democrático como forma de gobierno, y por cuánto es deber de este Tribunal Supremo de Justicia coadyuvar y orientar a la ciudadanía a lograr las condiciones necesarias para el disfrute de los derechos humanos, lo cual se logra cuando el Estado esté sometido al imperio de la Constitución y de la ley.

CONSIDERANDO

Que en sentencia SCP-2017-0001, la Sala de Casación Penal de éste legítimo Tribunal Supremo de Justicia, en apego al principio de complementariedad, ordenó, remitir la denuncia interpuesta en contra de un numeroso grupo de altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y copia certificada de la misma al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para que de conformidad con lo establecido en los artículos 13 literal b y 15 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, se inicie una investigación en base de la información que se le envía; toda vez, que surgen elementos que hacen presumir la comisión de delitos previstos en los artículos 5, 6 y 7 del Estatuto antes referido.

CONSIDERANDO

Que es un deber constitucional y legal para este Tribunal Supremo de Justicia, cumplir con la función de custodio de la constitucionalidad, debiendo luchar con todos los mecanismos permitidos, para el rescate del estado de derecho, la libertad, la democracia y la paz.

ACUERDA

  1. Hacer del conocimiento de la opinión pública y a los diferentes organismos nacionales e internacionales que la decisión de la Fiscalía penal internacional ha señalado la existencia de evidencias razonables de la comisión de delitos cuya competencia está atribuida a la Corte Penal Internacional.
  2. Exhortar a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional al ejercicio oportuno y eficaz de la acción Penal en contra de los responsables de los hechos denunciados como delitos de competencia de la Corte Penal Internacional.
  3. Remitir todas las causas y denuncias que se reciban por ante este Tribunal Supremo de Justicia vinculadas con hechos que pueden ser de competencia de la Corte Penal Internacional conforme al Estatuto de Roma.

A los seis (06) días del mes de noviembre de dos mil veinte (2020).