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Tribunal de reino unido sobre oro de venezuela

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El Tribunal de Apelaciones de Londres analiza a partir de mañana, martes 22 de septiembre, el recurso de la Administración de, Nicolás Maduro, contra el fallo que dio al equipo «ad hoc» del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, sobre el control de las reservas de oro de Venezuela depositadas en el Banco de Inglaterra (BoE).

Tras escuchar a las partes hasta el jueves, los jueces Kim Lewison, Stephen Males y Stephen Phillips decidirán, en una fecha por concretar, si su colega Nigel Teare, de la división Comercial y de la Propiedad del Tribunal Superior, acertó cuando el 2 de julio se pronunció a favor de Guaidó.

Teare dictó entonces que es la junta «ad hoc» del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrada por Juan Guaidó, presidida por Ricardo Villasmil, y no la oficial designada por Maduro y encabezada por Calixto Ortega, la que puede acceder a los 31 lingotes de oro venezolanos, valorados en unos 1.300 millones de dólares.

También dictó que «no es justiciable» -es decir, que el tribunal inglés no tiene potestad para someter a examen- la legalidad, en base al derecho venezolano, de los nombramientos a la junta del BCV hechos por el dirigente opositor, que fueron anulados por el Tribunal Supremo de Caracas.
 Andrew Fulton, por parte de la junta de Guaidó, sostuvo que el Ejecutivo británico reconoce claramente al opositor como cabeza del Estado de Venezuela y por tanto el tribual debe hacer lo mismo en base a la doctrina de «una sola voz» aplicable en el Reino Unido, que obliga a las instituciones estatales a mantener una posición unificada en política exterior.

El Tribunal de Apelaciones tendrá que dirimir por un lado si el Reino Unido en realidad reconoce a Guaidó a todos los efectos y por otro, si tiene potestad para examinar sus actos declarados ilegales en Venezuela.

La Justicia británica debe establecer cuál de las dos juntas es la legítima a fin de avanzar en la demanda presentada en mayo contra el BoE por Ortega, que acusa al banco central británico de infringir el contrato al no cumplir su orden de transferir 930 millones de euros de las reservas a un fondo de la ONU para que sean usados en la lucha contra la covid-19 en el país sudamericano.